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Derecho de Familia

“Las familias felices son todas iguales; las familias infelices lo son cada una a su manera.“
León Tolstoi, Anna Karenina

Al surgir una disputa familiar, los afectados tienen que afrontar una situación excepcional que además de afectar a su estado emocional también alterará frecuentemente su situación económica actual. La situación legal a la que se enfrentan es compleja y confusa ya que las leyes que rigen las relaciones familiares se actualizan con relativa frecuencia.

Por ello, es aconsejable dirigirse inmediatamente a un abogado experto en Derecho de Familia, ya que éste es el más indicado para asesorarle, no sólo gracias a su experiencia diaria con las peculiaridades del Derecho de Familia sino también gracias a su continúa formación en este campo.

En el supuesto de familias con nacionalidades distintas, la situación legal resulta aún más confusa debido a la concurrencia de los diversos órdenes jurídicos en juego y cuya aplicación puede conducir a resultados radicalmente distintos. En ésta situación, se requieren unos conocimientos y experiencia específicos para poder aprovechar las oportunidades y evitar los riesgos derivados de la aplicación de varios órdenes jurídicos.

Derecho de alimentos

El 1 de Enero de 2008 entró en vigor una amplia reforma del Derecho de Alimentos, con el objetivo primordial de equipar los derechos de los hijos matrimoniales y de los extramatrimoniales en materia de alimentos y la consolidación del principio de responsabilidad personal en la prestación de los mismos tras la disolución del matrimonio.

La viabilidad de la demanda de revisión de un título de alimentos en vigor, tanto para su suspensión como para su reducción, dependen primordialmente de que la situacion y forma de vida del demandado no se vean drásticamente alteradas. Para la apreciación de éstas circunstancias se tendrá en cuenta, entre otros parámetros, el tiempo transcurrido desde que se empezó a percibir pensión por alimentos, de manera que el factor tiempo juega un  papel importantísimo y la espera puede revelarse desfavorable en lo que a las perspectivas de éxito se refiere.

El saber si se debe pagar pensión por alimentos y de ser así, en qué cuantía, es una cuestión que varía en función de los ingresos de los interesados, los cuales han de ponderarse para el cálculo de la pensión alimenticia, en función de si, por ejemplo, por parte del deudor de la pensión alimenticia existen deudas que minoren sus ingresos o de si por parte del acreedor de la pensión alimenticia existen ingresos propios que no han de tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión alimenticia , ya que la actividad lucrativa es extraobligacional por realizarse paralelamente al cuidado de los hijos menores. En este caso, no sólo depende de los ingresos reales de los interesados, sino que en muchos casos depende también de si el deudor hubiese podido obtener unos ingresos más elevados (por ejemplo, a través de un cambio en su puesto de trabajo, de la realización de un segundo empleo o del paso de un empleo de tiempo parcial a tiempo completo); todas éstas cuestiones dependen de la apreciación que el juez haga de las circunstancias pasadas y presentes de vida de los interesados.

De ahí que el resultado que se derive del litigio dependa usualmente del éxito se tenga en presentar correctamente al Juzgado de Familia la situación financiera y las circunstancias personales de los interesados. Por ello, es muy conveniente solicitar consejo de un abogado experto en la materia, previamente a cualquier litigio.

Debido a la naturaleza del asunto en cuestión, es lógico que el legitimado para recibir pensión alimenticia, carente de ingresos propios y sin percibir aun pensión alimenticia, no puede costearse el asesoramiento y representación de un abogado. En este caso, el Estado presta a los ciudadanos cuyos ingresos sean insuficientes para la defensa legal de sus intereses ayudas para el asesoramiento legal a través de la llamada “Beratungshilfe” y para los gastos de un eventual proceso a través de la “Prozesskostenhilfe”.

Derecho Internacional de Familia

En el caso de familias en las que coexisten varias nacionalidades, las relaciones jurídicas entre los miembros de ésta se rigen no sólo por el derecho alemán sino también (incluso de forma exclusiva)  por el derecho del otro Estado, que según el caso podría establecer condiciones más o menos estrictas (ya sea por ejemplo, para las cuestiones relativas al divorcio o al establecimiento de la filiación) o prevé otras consecuencias jurídicas (por ejemplo, en cuanto al reparto patrimonial o a la prestación de alimentos tras la ruptura del matrimonio).

El abogado tiene el deber de comprobar el ordenamiento jurídico que es aplicable al caso y de demostrar al juez las circunstancias que motivan la aplicación de dicho ordenamiento. No son pocas las veces en que ésto no se reliza satisfactoriamente, teniendo como consecuencia la aplicación del derecho alemán pese a que fuera aplicable otro ordenamiento jurídico, quizás con disposiciones más ventajosas para el cliente.

El reparto de los derechos de la futura jubilación es realizado de oficio según el derecho alemán, es decir, sin demanda expresa por parte de los cónyuges. En el caso de matrimonios de distinta nacionalidad, éste proceso puede alargarse considerablemente debido a la necesidad de obtener pruebas en el extranjero, lo cual puede traducirse en un esfuerzo desproporcionado para los interesados, sobretodo para los casos de matrimonios de corta duración. Si el divorcio se rige por otro ordenamiento jurídico, puede ser que el reparto de los derechos de la futura jubilación no se realice sin una solicitud previa, por lo que muchas veces, el tribunal obviará ésta cuestión a no ser que el abogado se manifieste expresamente al respecto y exponga las circunstancias de las cuales se derive la aplicación de otro ordenamiento jurídico.

En el Derecho Internacional de Familia existe una multiplicidad de concepciones, por ello me ofrezco a evaluar su caso particular con mucho gusto.

La sustracción de menores

Si por motivo de separación o divorcio alguno de los padres quiere volver a su país de origen, se plantea la cuestión de si puede llevarse sin más al hijo que tienen en común o si por el contrario, debe esperar  a que un tribunal en el país en el que tiene la residencia pronuncie una sentencia que determine la custodia.

Si uno de los padres intentase sacar del país al hijo sin aprobación del otro, podría éste último iniciar un proceso que tuviese por objeto la repatriación del hijo, conformemente al Convenio de la Haya sobre Sustracción Internacional de Menores o, respectivamente, Convenio Europeo relativo al Reconocimiento y a la Ejecución de Decisiones en Materia de Custodia de Menores.

Éstos convenios sirven de fundamento a los principios generales que establecen que cuando se produzca la sustracción ilegal de un menor, habrá que retrotraer la situación, devolviendo al menor al país de residencia del que fue sustraído, y esperar el pronunciamiento de la custodia por un tribunal del país al que se ha de devolver al menor.

En el caso de menores sustraídos de su país a Alemania, la fiscalía general alemana, tiene el deber de prevenir a las autoridades estatales de la aplicación del principio de la repatriación al otro Estado, tal y como se establece en los Convenios. Sin embargo, las autoridades de protección al menor tienden más bien, en nombre de su bienestar, a apoyar el criterio de la continuidad del menor en Alemania.

En el caso de sustracción internacional de un menor, el padre al que le fue sustraído y que no está de acuerdo con la estancia de éste en otro país, para evitar que la situación se consolide, ha de solicitar con rapidez el proceso de repatriación. La resolución del proceso depende en gran medida de la estrecha colaboración que pueda existir entre las autoridades estatales de ambos paises.

Divorcio

El Derecho de Divorcio alemán se rige por el llamado “principio del fracaso matrimonial” (“Zerrüttungsprinzip”). Aplicando éste principio, el juez del Juzgado de Familia llega a la convicción de que el matrimonio no es viable ya que o bien no existe una vida familiar en común o bien no se puede esperar de los cónyuges que ésta vuelva a existir.

La prueba del fracaso se valora en función de rigurosos y diversos requisitos, tal como la duración de la separación de la vida en común de los cónyuges, el consentimiento al divorcio del otro o de las nuevas propuestas que éste pueda efectuar.

En el proceso de divorcio, el juez no trata la cuestión de cuál de los cónyuges ha contribuido en mayor proporción al fracaso del matrimonio.

Si usted vive separado de su cónyuge aproximadamente desde hace un año, puede, a través de un abogado, presentar una solicitud de divorcio.

En cada caso, el Juzgado de Familia, para el caso de un divorcio de mutuo acuerdo, exige además, que los cónyuges estén de acuerdo sobre la pensión alimenticia tras el divorcio, sobre la vivienda familiar y el ajuar doméstico y, en el caso de tener hijos en común, sobre las reglas que regirán la custodia, las relaciones y alimentos de los hijos.

Si su cónyuge no consiente al divorcio, en la demanda deberá de exponerse detalladamente la situación que ha motivado la ruptura de la vida en común (por ejemplo, una larga y continuada pérdida de contacto, una relación duradera con otra pareja, etc.)

El juez concede el divorcio sin más formalidades si el periódo de separación es de tres años o más años ya que ésto es prueba inequívoca del fracaso matrimonial.

En los casos de violencia doméstica, al no ser razonable el exigir a la víctima que se mantenga en su actual matrimonio, el juez  puede excepcionalmente pronunciarse el divorcio sin que transcurra el año previo de separación matrimonial.

Sólo el cónyuge que solicite el divorcio necesitará la asistencia y representación de un abogado. El otro cónyuge no necesitará la representación de un abogado durante el proceso de divorcio siempre y cuando no se oponga a las pretensiones del divorcio y no efectúe nuevas propuestas; por el contrario, sí es aconsejable que se deje asesorar por un abogado sobre sus derechos.

El régimen matrimonial de bienes

Para los cónyuges, cuyo régimen matrimonial de bienes venga regulado por el derecho alemán y que no hayan acordado otro régimen distinto, la ley prevé que éstos vivan bajo el régimen matrimonial de participación. En el supuesto de divorcio, el Juzgado de Familia, a petición de una de las partes, realizará la liquidación del régimen, examinando las modificaciones patrimoniales (positivas) obtenidas por cada uno de los cónyuges durante el matrimonio y repartiendo las ganancias por mitades.

El resultado del proceso de liquidación del régimen matrimonial puede variar notablemente, dependiendo de los bienes patrimoniales en juego y de la valoración de los mismos.

Si durante la fase de separación existiesen indicios que apunten hacia una posible alteración indebida del patrimonio, se podrá solicitar, incluso antes del divorcio, la liquidación del régimen matrimonial o un afianzamiento de la pretensión de liquidación como garantía jurídica provisional.

La liquidación del régimen matrimonial  no es generalmente la solución más adecuada para los intereses de ambos cónyuges si éstos por motivos profesionales hubiesen constituido un capital común, como por ejemplo, la aportación de un inmueble o la creación de una empresa o consultorio con la colaboración del otro.
El reparto patrimonial se resuelve por tribunales civiles, mientras que el divorcio se resuelve ante el Juzgado de Familia. Por ello, se han de presentar demandas separas para la resolución de ambos conflictos. Antes de solicitar la demanda de liquidación patrimonial, deben de analizarse cuidadosamente las perspectivas de éxito, ya que también han de asumirse los costes del abogado de la parte contraria y que dependiendo de la cuantía litigiosa pueden llegar a ser muy altos.

Puede ocurrir que el legitimado para solicitar la liquidación del régimen matrimonial no disponga de medios económicos suficientes para afrontar el proceso. Por ello, examino siempre en primer lugar cuáles son sus posibilidades de poder obtener ayudas económicas sufragadas por el Estado para asesoramiento jurídico (“Beratungshilfe”)o para el eventual caso de la apertura de un proceso (Prozesskostenhilfe”).

Reparto compensatorio de los derechos de jubilación.

Cuando el divorcio se rija por el Derecho alemán, el Juzgado de Familia realiza de oficio el reparto compensatorio de los derechos de jubilación. Al realizarse de oficio, la solicitud de éste no es requerida.

Para el reparto compensatorio de los derechos de jubilación se tendrán en cuenta los derechos generados, durante la duración del matrimonio, para la futura pensión de jubilación. De esta forma, queda protegida la futura pensión de jubilación del cónyuge que ha renunciado a un trabajo remunerado en beneficio del otro cónyuge o de los hijos.

El procedimiento de divorcio se puede alargar considerablemente si no se ha preparado en tiempo debido el reparto de los derechos de la futura jubilación. El Juzgado de Familia solicita a ambos cónyuges toda la información necesaria sobre los derechos de sus futuras pensiones de jubilación.

Los organismos que gestionan las pensiones de jubilación necesitan usualmente indicaciones complementarias o pruebas que no siempre resultan fáciles de presentar a los interesados (como por ejemplo, sobre su formación profesional, cuya prueba legal puede en muchos casos resultar difícil y larga).

Por ello, para agilizar el futuro procedimiento de divorcio, se recomienda que antes de la solicitud del mismo, durante la fase de separación, se solicite ante el organismo responsable de la gestión de la pensión de jubilación la situación de cotizaciones de la otra parte.

En caso de existir un convenio regulador del reparto de los derechos de jubilación firmado ante notario, sólo podrá surtir efecto si fue firmado al menos un año antes a la solicitud de divorcio.

Relaciones de filiación

Según el derecho vigente, la cuestión de la filiación se puede aclarar mediante un informe pericial privado, siempre y cuando todos los afectados estén de acuerdo. Por el contrario, si alguno de los afectados se opone, sólo queda la posibilidad de presentar una demanda de impugnación de la filiación (§§ 1600 ff. BGB). En éste último supuesto, si bien se aclarará la filiación, puede resultar que padre legal no sea el biológico y en ese caso, se romperían inevitablemente los vínculos jurídicos entre padre e hijo.

En definitiva, hasta la fecha, no existe posibilidad alguna de que en un proceso judicial en que se pruebe la filiación, no se deriven consecuencias jurídicas para la relación paterno-filial. Con el nuevo proyecto de ley, se prevé que las consecuencias del proceso sean más leve para todos los interesados, es decir,  padre, madre e hijo. El parlamento federal alemán ha decidido el 21 de febrero de 2008 que “la ley para la aclaración de la paternidad debe ser independiente del proceso de impugnación“. Con ello se pretende que independientemente de la existencia o no de una demanda de impugnación de la paternidad, se posibilite la prueba genética que demuestre la filiación.

El esclarecimiento del origen de un hijo es un asunto de capital importancia para una familia. El padre legal quiere saber si es también el padre biológico. El hijo quiere saber de quién procede y , en ocasiones, es la madre quien igualmente desea esclarecer la filiación. Dichos intereses aclaratorios gozan de una protección constitucional según sentencia del 13 de febrero de 2007 del Tribunal Constitucional alemán.

Poder general de representación para pleitos

Para poder representarle en pleitos y ante las autoridades así como para efectuar declaraciones de voluntad válidas y vinculantes, se requiere otorgamiento de poderes por escrito. Sin presentación del poder original por escrita no se podrá iniciar el proceso. El poder de representación define la dimensión y contenido de la potestad representativa del abogado, constiyendo así su otorgamiento el principio del mandato. Ya que durante el mandato se necesitará frecuentemente presentar dichos poderes ante distintas instituciones (véase, Juzgado de Familia, Oficina de Protección de Menores (“Jugendamt”), Oficina de Empleo Local destinada a pagar el subsidio por hijos (“Sozialamt”)), lo más razonable es disponer de varios originales del poder de representación en el expediente. Los poderes de representación expiran al terminarse el mandato.

Costes

Es especialmente frecuente en las demandas de pensión alimenticia que el afectado diponga de pocos medios económicos que le permitan sufragar los honorarios del abogado, hasta que tenga éxito en su pretensión. En este caso, así como en todas las cuestiones relativas a Derecho de Familia, existe la posibilidad de solicitar las ayudas económicas del Estado tanto para el asesoramiento jurídico (« Beratungshilfe ») como para el eventual proceso (« Prozesskostenhilfe »).

De forma sistemática verifico si tiene derecho a solicitar y recibir dichas ayudas.

Ofrezco mis servicios para analizar y explicarle las expectativas de éxito de sus pretensiones jurídicas y determinar los costes estimados del pleito. También le informo de los casos en los que excepcionalmente exista una obligación jurídica de alzamiento de los costes.

El importe de éste servicio es de 50 euros y sólo tendrá que abonarlo si no tiene derecho a recibir ayudas económicas estatales ni dispone de seguro de cobertura jurídica, el cual asume los costes de la primera consulta en las cuestiones relativas a Derecho de Familia.

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